Arona y Visocan buscarán una vía para que la sentencia revierta en inversiones en vivienda pública en el municipio

-El anterior gobierno de Arona firmó en el año 2006 un convenio con esta empresa pública para la construcción de 35 viviendas protegidas y el mismo número de aparcamientos. El acuerdo no fue cumplido, puesto que la parcela cedida por aquella corporación se hallaba en un plan parcial en el que nunca se culminó la urbanización, motivo por el cual en 2010, cuando finalizaron las obras de las viviendas, no fueron puestas a la venta y acabaron abandonadas, lo que supondrá al Ayuntamiento el pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización a Visocan. Tanto este organismo como el gobierno municipal han acordado iniciar conversaciones para lograr un acuerdo que permita invertir esa cantidad en la construcción de vivienda pública en Arona.

-Tanto el alcalde de Arona, José Julián Mena, como el gerente de Visocan, Víctor González García, se han comprometido a que la empresa pública hará que la indemnización revierta en el municipio, buscando fórmulas para invertir la misma cantidad que debe ser abonada en la construcción de nueva vivienda social en el municipio.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, y el gerente de la empresa pública Visocan, Víctor González García, se han comprometido a buscar una vía para destinar a la construcción de vivienda social en el municipio 2,7 millones de euros, la misma cantidad que el este debería pagar en concepto de indemnización por la obra fallida de una promoción en La Camella que se remonta al año 2008. De esta forma, el pago de la sentencia judicial redundará en beneficio de los vecinos del municipio.

El origen de esta situación se remonta a 2002, cuando el entonces gobierno de Arona firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del denominado Plan Parcial La Camella Baja, denominada Wolding Estudio SL. Por ese acuerdo, esta cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de cesión obligatoria que debía percibir.

El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona suscribe con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y el mismo número de plazas de aparcamiento. En ese acuerdo se cede para ello la parcela anterior y la corporación asume que removerá todos los obstáculos para que el suelo quede urbanizado y Visocan pueda poner a disposición de los usuarios esas viviendas.

En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local concede la licencia urbanística para la construcción de estas, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia del Área Jurídica de Urbanismo en la que se hace constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de ese año sin que esto se hubiera realizado. No obstante, el grupo de gobierno de aquella época siguió adelante y dio el permiso.

Cuando las viviendas se terminaron y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche de las viviendas al agua y la luz, este no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca había se había completado y, por tanto, estas no podían ponerse a la venta, lo que llevó a un litigio en el que la corporación fue condenada al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización.

No obstante, representantes del actual gobierno municipal y de Visocan han mantenido diversos encuentros en los últimos meses con la intención de revertir la situación y de buscar una situación que beneficie, en lugar de perjudicar, al conjunto de la ciudadanía. El último de ellos lo protagonizaron tanto el alcalde, José Julián Mena, como el gerente de Visocan, Víctor González García.

Mena: “Revertir la mala gestión en beneficio de los vecinos de Arona”

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha explicado que “desde que llegamos al gobierno municipal hemos tenido que abonar más de diez millones de euros en compensar a particulares por la mala gestión urbanística de gobiernos anteriores. En este caso –sin embargo- hay que resaltar que la voluntad de este alcalde, así como de Visocan y de su gerente, es que esa indemnización por una promoción de vivienda fallida revierta en beneficio de los vecinos. Es parte de la intención del nuevo grupo de gobierno de reescribir el pasado de una Arona que se escribió en blanco y negro en demasiadas ocasiones. Ahora de lo que se trata –ha agregado- es de que la mala gestión se reconvierta en una oportunidad para nuestros vecinos”.

Mena ha agregado que “si bien nunca se debió actuar de la manera que se hizo, sin garantías de que esas viviendas llegaran realmente a los ciudadanos, es fundamental buscar soluciones constructivas que nos permitan que los fondos públicos sirvan para mejorar la vida de la gente, incluso aunque esto se haga a través del pago de una indemnización”.

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